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En Chile, las mujeres enfrentan peores condiciones laborales que los hombres. Según María José González, investigadora de Flacso, ellas tienen más trabajos informales, lo que significa menos seguridad social y derechos. Además, muchas deben reducir sus jornadas o dejar sus empleos para cuidar a sus familias, lo que afecta sus pensiones y estabilidad. Aunque hay avances, como leyes contra el acoso laboral (Ley Karin), aún falta apoyo real para que puedan equilibrar trabajo y cuidado.
La brecha salarial también persiste: ganan menos que los hombres, incluso en cargos altos. Erika Olivera, diputada y creadora de la Ley Karin, critica que las denuncias por violencia o acoso a menudo no se investigan. Agrega que problemas como el cáncer de mama y los femicidios siguen siendo urgentes, con poco acceso a tratamientos médicos oportunos.
En temas legales, juezas de familia explican que miles de mujeres esperan pensiones de alimentos impagas por padres ausentes. Aunque hay leyes para agilizar el cobro, la falta de recursos en instituciones públicas alarga los trámites. Mientras, el presidente Boric propuso que listas electorales tengan igualdad de género, pero algunos políticos lo ven como una medida insuficiente o incluso problemática.
En las calles, la marcha del 8M terminó con incidentes aislados, pero también con esperanza. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó reformas como la de pensiones para reducir desigualdades. Sin embargo, discursos de odio, como los de un predicador en Concepción que culpaba a las víctimas de violencia sexual, muestran que el machismo aún existe. La lucha sigue: entre avances lentos y una sociedad que necesita cambiar.
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La Contraloría General de Chile, el organismo que fiscaliza el uso del dinero público, encontró irregularidades graves en Capredena, la caja que maneja las pensiones de los militares y sus familias. Según el informe, hay pagos sin justificar, deudas de años sin cobrar y un desorden financiero que suma miles de millones de pesos. Entre lo más llamativo están 9 mil millones que nadie reclamó por años y otros 18 mil millones en gastos cuestionables.
Diputados de distintos partidos, como la UDI, el PS y Amarillos, reaccionaron pidiendo investigaciones y medidas concretas. Algunos hablan de posibles delitos y exigen que los responsables devuelvan el dinero o enfrenten consecuencias legales. Capredena respondió que ya está trabajando para corregir los errores y colaborar con las autoridades. Aunque prometen transparencia, los políticos insisten en que esto no puede repetirse, especialmente tratándose de fondos que afectan a las pensiones de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas.
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El presidente Gabriel Boric quiere impulsar un proyecto para legalizar el aborto sin restricciones, cumpliendo una promesa de su campaña. Pero el Congreso está dividido: los partidos que apoyan al gobierno creen que es un tema de salud pública y derechos históricos de las mujeres, mientras la oposición dice que no es urgente y prefieren enfocarse en seguridad y economía.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, explica que primero deben ajustar el reglamento de la ley actual de aborto en tres causales (como riesgo de vida o violación), ya que hay problemas para aplicarla. La Contraloría debe revisar esos cambios antes de presentar el nuevo proyecto. Desde la oposición, como la candidata presidencial Evelyn Matthei, critican la prioridad del tema: "Las mujeres hoy están más preocupadas de la delincuencia y llegar a fin de mes", dijo.
Algunas diputadas oficialistas, como Ana María Bravo del Partido Socialista, insisten en que debatir el aborto evitaría muertes por prácticas clandestinas, especialmente en mujeres pobres. Pero parlamentarias opositoras, como Paulina Núñez de Renovación Nacional, creen que es una jugada política para contentar al sector progresista en año electoral. Expertas advierten que, sin mayoría en el Congreso, al gobierno le costará aprobar la ley antes de que termine su mandato.
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La exministra del gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá, arrancó su campaña con un llamado a la unidad y propuestas como el postnatal obligatorio para hombres. Pero según una encuesta reciente, tiene solo un 3% de preferencia y un 61% de los chilenos dice que nunca votaría por ella. Su imagen positiva es baja (20%), comparada con Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia y candidata de la oposición, quien lidera las encuestas con un 26%.
Matthei criticó duramente al gobierno actual por la situación económica y propuso medidas como construir cárceles en el desierto para enfrentar el crimen organizado. También prometió recortar gastos públicos "superfluos", aunque aseguró que no tocará programas sociales. Por su lado, Tohá destacó los desafíos de las mujeres en política, denunció estereotipos de rivalidad femenina y cuestionó el allanamiento a una diputada que acababa de ser madre.
Ambas representan visiones opuestas: Matthei apunta a seguridad y ajustes económicos, mientras Tohá busca enfocarse en derechos sociales y equidad de género. Aunque la exministra no cuenta con un respaldo explícito de Michelle Bachelet, expresidenta con alto apoyo en temas de salud, insiste en que su sector debe unirse. La carrera presidencial chilena se perfila polarizada, con dos estilos y prioridades claramente distintos.