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La discusión sobre la pena de muerte volvió a la palestra con varios precandidatos presidenciales. Evelyn Matthei, de la UDI y RN, junto a Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario y Eduardo Artés del PC-AP, apoyan aplicarla en casos extremos como homicidios con violación o narcotráfico. Matthei insiste en que fue de las pocas que votó por mantenerla en 2001 y advierte que la delincuencia actual valida su postura. Hasta el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aunque no es candidato, pide debatir medidas duras contra la inseguridad.
Mientras tanto, la centroizquierda se enreda en sus propias peleas. Carolina Tohá, precandidata del PPD, criticó al comunista Daniel Jadue por no alinearse con los valores democráticos y comparó su posible influencia con el gobierno de Maduro en Venezuela. Jadue, exalcalde de Recoleta, le respondió acusando a Tohá de despreciar al PC y exigió que los candidatos hablen de temas urgentes como sueldos bajos o listas de espera en salud.
En la derecha dura, José Antonio Kast promete un "Plan Escudo Fronterizo" con muros de cinco metros, drones y militares desplegados para frenar la migración ilegal. Propone expulsiones inmediatas, sanciones a quienes contraten indocumentados y hasta bloquear remesas de dinero. Kast asegura que Chile está bajo una "invasión" y que su gobierno recuperará el control. La seguridad y cómo enfrentarla definen cada vez más las propuestas de cara a las elecciones.
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La diputada Karol Cariola (del Partido Comunista) está en una audiencia que podría anular la incautación de su celular y computador. Estos dispositivos fueron requisados en una investigación por tráfico de influencias vinculada al caso Sierra Bella. Su defensa alega que el registro fue irregular y busca invalidar las pruebas. Si el tribunal acepta, la fiscalía perdería acceso a información clave. Expertos dicen que anular una diligencia aprobada por un juez es difícil, pero la investigación podría quedar en jaque si se demuestra que hubo errores graves.
Por otro lado, el exembajador chileno en Hungría, Camilo Sanhueza, está acusado de contrabandear 16 pieles de animales protegidos. Aduanas encontró las pieles en un contenedor no declarado valorado en 9,2 millones de pesos. La Cancillería abrió un sumario para investigar su responsabilidad. La Fiscalía de San Antonio espera un informe del SAG para formalizar cargos bajo la convención internacional que protege especies amenazadas. La asociación de diplomáticos chilenos salió a decir que respetan la legalidad, pero evitan defenderlo directamente.
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En Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei enfrentó una protesta masiva de jubilados que exigían pensiones dignas y acceso a medicamentos. La policía reprimió con gases lacrimógenos, golpes y detenciones: hubo 103 arrestos y 20 heridos, incluido un fotógrafo con fractura de cráneo. Testigos acusaron a las fuerzas de seguridad de violencia excesiva, mientras hinchas de fútbol y sindicatos se sumaron a los manifestantes. El Ministerio de Seguridad defendió el operativo, alegando que buscaba evitar el corte de calles.
En Europa, la empresa china Huawei está en la mira por un escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo. La policía belga allanó sus oficinas y casas de lobistas, investigando sobornos a políticos con viajes, regalos y hasta entradas al fútbol. El objetivo sería influir en decisiones comerciales para favorecer a empresas chinas. Mientras, Chile enfrenta pérdidas millonarias: China destruirá 5 millones de cajas de cerezas chilenas tras un barco varado por semanas. Aunque el sector frutícola sigue batiendo récords en exportaciones, este golpe afecta a productores que ya acumulaban pérdidas.
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El primer Tribunal Ambiental dijo que el Comité de Ministros no puede volver a discutir el proyecto minero-portuario Dominga. La decisión obliga al Servicio de Evaluación Ambiental a modificar la resolución que rechazó el proyecto por tercera vez. El tribunal señaló que el Comité ya agotó sus opciones y se pasó de la raya al no seguir las instrucciones previas. Pero la pelea no termina: la Corte de Apelaciones todavía debe resolver recursos legales presentados contra este fallo.
Exministros de Hacienda y Energía, Ignacio Briones y Juan Carlos Jobet, se quejaron porque le pidieron al nuevo Hospital del Cáncer incluir corredores biológicos y áreas para proteger insectos y arañas en plena ciudad. Ellos alegan que es absurdo exigir eso en un proyecto urbano que dará 249 camas y atenderá a más de 11 millones de personas. Criticaron que las evaluaciones ambientales dependan del "humor" del funcionario de turno. La carta fue apoyada por un centro de estudios ligado a Evópoli, que pide simplificar trámites para obras urgentes.
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Una cabo del Ejército se defendió a balazos cuando un grupo de delincuentes intentó robarle el auto en Renca. Los asaltantes, que iban sin cubrirse el rostro, la interceptaron en Panamericana Norte. Ella usó su arma personal, hirió a uno y los demás huyeron. Carabineros llegó al lugar y el caso está en manos de la Fiscalía.
Mientras, en Graneros, el asesinato de un matrimonio joven con más de 20 disparos encendió la polémica. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, prometió que el crimen no quedará impune, pero la oposición lo acusa de no hacer suficiente. Evelyn Matthei, candidata presidencial de derecha, habló de "la peor ola de homicidios" y convocará a alcaldes de su sector para medidas contra la violencia. José Antonio Kast, otro candidato opositor, prometió "perseguir con todo" a los delincuentes y criticó al gobierno de Boric por "cobarde".