El Ministerio Público está solicitando la pena más dura posible para los responsables del megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso. Se pide presidio perpetuo para los nueve acusados de iniciar el fuego que terminó con la vida de 138 personas y destruyó miles de hogares. Lo más impactante de este caso es que los imputados son exbomberos y exfuncionarios de Conaf, las mismas personas que tenían el deber de proteger a la gente de los incendios.
Según la investigación fiscal, no se trató de un hecho aislado. Se acusa a este grupo de formar una asociación criminal, responsable de provocar intencionalmente más de 20 incendios desde 2021. Por esta razón, además del incendio con resultado de muerte, enfrentan cargos por el enorme daño ambiental causado. Mientras el proceso judicial avanza, los familiares de las víctimas denuncian sentirse abandonados por el Estado y exigen justicia.
El caso del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs" por su poder como prestamista informal, sigue destapando problemas. El principal sospechoso de ser el sicario, un hombre llamado Alberto Mejía, fue liberado de la cárcel por un error. Ahora, una jueza y una funcionaria judicial fueron suspendidas por su posible rol en esta liberación accidental. La jueza, Irene Rodríguez, se defiende diciendo que fue un error administrativo y no culpa suya, pero la investigación sigue en curso mientras Mejía permanece prófugo, aparentemente en Perú.
La historia es más grande de lo que parece. En la investigación declaró el animador Francisco Kaminski, quien admitió tener una deuda millonaria con la víctima. Según su testimonio, estuvo en contacto con otros involucrados el mismo día del asesinato. Para complicar más las cosas, Kaminski denunció que ahora lo están extorsionando y pidiendo dinero, por lo que tiene protección policial. Este caso ha expuesto no solo un crimen, sino también una red de préstamos informales con enormes sumas de dinero y graves fallas en el sistema judicial.
Tailandia y Camboya, dos países vecinos en el sudeste asiático, han vuelto a enfrentarse por una antigua disputa territorial en su frontera. La situación escaló a tal punto que ambos lados están usando artillería pesada y tanques. El conflicto ya ha dejado al menos 33 muertos, incluyendo tanto a soldados como a civiles. A raíz de la violencia, miles de personas han tenido que abandonar sus casas en las zonas fronterizas para escapar del peligro.
El conflicto ha llamado la atención internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU ya tuvo una reunión de emergencia. De forma inesperada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social que está hablando directamente con los líderes de Tailandia y Camboya para conseguir un alto al fuego. Mientras tanto, Camboya pide detener la violencia de inmediato, pero Tailandia exige que primero se detengan los ataques a su territorio antes de negociar.
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El ejército de Israel interceptó el barco Handala de la coalición Flotilla de la Libertad. La nave intentaba romper el bloqueo israelí para entregar ayuda humanitaria en Gaza. Según la organización, la intercepción fue violenta y ocurrió ilegalmente en aguas internacionales. Este no es un hecho aislado. Hace poco, Israel detuvo otro de sus barcos, donde estaba la activista Greta Thunberg, mostrando un patrón en sus acciones contra estos intentos de ayuda.
Esta situación se da en el contexto de una grave crisis humanitaria en Gaza, donde se advierte que miles de niños corren riesgo de morir por desnutrición debido al bloqueo. Por su parte, Israel niega estar provocando una hambruna de manera intencional. Como respuesta a la situación, el ejército israelí anunció que reanudará el lanzamiento de ayuda por aire para la población de la Franja.
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La Contraloría, que es el organismo que fiscaliza al Estado, investigó el Registro Nacional de ADN y encontró problemas graves. Este es un sistema que almacena las huellas genéticas de delincuentes y de la evidencia encontrada en sitios de crímenes. Su objetivo es cruzar esta información para resolver casos. El informe reveló que hay graves fallas que dificultan la lucha contra el crimen. Por ejemplo, existen perfiles genéticos que han tardado hasta 13 años en ser ingresados al sistema. Además, el 85% de las muestras de ADN que recoge la policía nunca llegan a esta base de datos central, lo que impide conectar distintos delitos entre sí. Para peor, el software que se usa está desactualizado desde 2009.
El Servicio Médico Legal (SML), que es el principal encargado del sistema, respondió a estas críticas. Ellos culpan a la pandemia por los retrasos, ya que tuvieron menos personal y problemas para operar. Aseguran que ya están trabajando en un plan para ponerse al día y que han avanzado en reducir el atraso. A pesar de esto, la Contraloría les dio plazos estrictos para solucionar todas estas deficiencias, ya que esta situación afecta directamente la seguridad y la justicia en el país.
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La situación en varios liceos de Santiago está muy tensa. Esta semana, estudiantes se tomaron seis colegios importantes, incluyendo el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación, como forma de protesta. La respuesta fue inmediata: Carabineros los desalojó a todos de forma pacífica y sin detenidos. Sin embargo, este es solo un capítulo más en un conflicto que lleva años.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se mostró muy molesto con la situación. En una entrevista, dijo que los responsables son "los verdaderos sicarios de la educación pública", porque asegura que con su violencia están destruyéndola. Según el alcalde, estos grupos son minoritarios y están influenciados por adultos con ideas extremistas. Sostiene que sus acciones, como los ataques de los "overoles blancos", han provocado que la matrícula en estos colegios baje dramáticamente, ya que los apoderados prefieren sacar a sus hijos de ahí.
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El gobierno de Venezuela anunció que retomará su plan para repatriar a sus ciudadanos que viven en Chile. Sin embargo, hay un detalle importante: los vuelos no saldrán desde acá, sino desde Bolivia, por lo que los interesados tendrán que viajar a ese país por su cuenta para poder abordar.
Esta situación se debe a que Venezuela y Chile no tienen relaciones diplomáticas. Estas fueron rotas por el gobierno de Nicolás Maduro. Según el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, nuestros países no permiten que sus aviones aterricen. El plan, llamado Vuelta a la Patria, depende de que suficientes personas lleguen a Bolivia para que el envío de los vuelos sea económicamente viable.
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Nuevos documentos desclasificados en Argentina revelaron algo inesperado. El gobierno del entonces presidente Juan Domingo Perón le vendió armas en secreto a la dictadura de Augusto Pinochet. Esto ocurrió entre 1973 y 1974, justo después del golpe de Estado en Chile. El gobierno de Perón en Argentina vendió armas en secreto a la dictadura de Pinochet por un valor que hoy equivaldría a 24 millones de dólares. Los envíos, que incluían pistolas, ametralladoras y millones de municiones, estaban destinados a Carabineros de Chile y se hicieron sin que la aduana argentina los revisara.
La venta no fue casual. Según historiadores, Perón veía el ascenso de gobiernos de derecha en la región como una forma de frenar al comunismo. De hecho, el mismo Perón dijo que la caída del presidente Salvador Allende le servía para cerrar una "válvula de escape" para las guerrillas en su propio país. Esta revelación muestra la complejidad de la política en esa época, donde las alianzas no eran tan evidentes. Un líder populista como Perón terminó ayudando a una dictadura militar por razones estratégicas, a pesar de las diferencias ideológicas que parecían tener.
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La justicia condenó a cadena perpetua a Cristofer Pino por el femicidio de Sandra Almeida Lizama en Lo Barnechea. Él la atacó brutalmente con una pala después de que ella intentara defender a otras mujeres a las que él estaba molestando. Este caso es histórico porque es la primera vez en Chile que se condena un femicidio por la orientación sexual de la víctima, reconociendo que el crimen fue motivado por odio.
Según informó la Fiscalía Oriente, el caso comenzó como una investigación por homicidio. Sin embargo, durante el juicio se demostró que el ataque fue un crimen de odio. Esto permitió cambiar la acusación y aplicar la ley de femicidio, que ahora castiga el asesinato de una mujer por su género u orientación sexual. El fallo sienta un precedente importante para futuros casos de este tipo en el país.
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El Sernac, la agencia que protege a los consumidores, está pidiendo explicaciones a las marcas Colgate, Oral-B y Sensodyne. El motivo es una alerta del Instituto de Salud Pública (ISP) sobre un componente que usan llamado fluoruro de estaño. Según el ISP, 19 pastas dentales de estas marcas conocidas podrían causar daños en la boca, como aftas, hinchazón o irritación en las encías. Aunque estos productos tienen autorización sanitaria, la preocupación por sus efectos ha aumentado.
Por eso, el Sernac ha exigido a las empresas que presenten estudios que prueben que sus productos son seguros. Además, les pidió informar si han recibido quejas de clientes por problemas similares. La situación no es exclusiva de Chile; en países como Argentina y Brasil ya se están tomando medidas más drásticas, llegando incluso a prohibir la venta de productos con este ingrediente. Las autoridades locales quieren asegurarse de que aquí se apliquen los mismos estándares de seguridad para proteger a las personas.