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Congreso despachó proyecto que faculta a la PDI para ejecutar expulsiones.

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El Senado aprobó el martes el proyecto que agiliza las expulsiones administrativas de extranjeros. Con esto, terminó su trámite en el Congreso, pero aún no entra en vigor. La PDI podrá pedir por escrito autorización a un juez para ingresar a un domicilio, exclusivamente para detener a alguien con una orden de expulsión firme.

La reforma eleva de tres a cinco años la prohibición mínima de reingreso para personas expulsadas administrativamente y acorta los plazos para reclamar. También fortalece el registro biométrico y permite expulsiones inmediatas de extranjeros en situación irregular que enfrenten determinados procesos penales, con autorización del tribunal.

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