Contraloría detecta cobros indebidos de subsidios a personas fallecidas.
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Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que el Ministerio de Vivienda pagó más de 110 millones de pesos a 168 personas fallecidas. Las irregularidades se registraron durante 2025 en el marco del programa de integración urbana de campamentos.
El servicio demoró hasta 1.133 días en suspender los beneficios tras las defunciones. La Subsecretaría de Vivienda atribuyó el fallo a la falta de conexión con el Registro Civil e inició un sumario administrativo. Además, solicitó a los servicios regionales la recuperación de los fondos cobrados por terceros.