UDI busca excluir a altas autoridades de controversiales beneficios tributarios.
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El Gobierno tramita la Ley de Reconstrucción, pero un nuevo análisis destapó un fuerte cuestionamiento ético. La normativa generaría $292 mil millones en beneficios tributarios para altas autoridades, lo que llevó a la UDI a presentar una indicación para excluir a estos funcionarios de los incentivos.
El millonario ahorro favorecería al gabinete, especialmente al ministro Fernando Barros mediante repatriación de capitales. Para esquivar críticas, diputados gremialistas anunciaron que se inhabilitarán de votar la exención de contribuciones que los beneficia directamente, mientras la oposición ya acudió a Contraloría por posibles conflictos de interés.