Que pasó
El 16 de agosto, el Gobierno evaluaba modificar el nuevo estado de excepción que busca incorporar a su reforma de seguridad, después de reunirse con generales auditores de las Fuerzas Armadas. La discusión apuntaba a resolver cómo funcionaría esta herramienta.
El 18 de agosto, el Ejecutivo ingresó formalmente al Senado la reforma constitucional, que contempla ocho modificaciones orientadas a combatir el crimen organizado.
El debate
La disputa está en hasta dónde pueden ampliarse las facultades del Estado para enfrentar al crimen organizado y qué rol tendrán las Fuerzas Armadas. El proyecto también abre un debate sobre los controles constitucionales y las garantías que deberían acompañar el uso de poderes excepcionales.