Que pasó
Todo comenzó con la filtración de un oficio del Ministerio de Hacienda donde, en el marco del diseño presupuestario para 2027, se sugería ‘descontinuar’ cerca de 140 programas sociales, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar. La noticia generó una reacción inmediata de diversos sectores que acusaron un abandono a las familias más vulnerables.
Ante el revuelo, el Gobierno intentó calmar las aguas asegurando que se trata de evaluaciones técnicas de eficiencia y no de una decisión tomada. El propio Presidente José Antonio Kast salió a defender los ajustes acusando que en administraciones anteriores hubo graves irregularidades en la Junaeb que justifican una revisión profunda de cómo se gastan esos recursos.
El debate
La disputa se centra en la eficiencia del gasto público versus la garantía de derechos básicos. Mientras Hacienda argumenta que muchos programas están mal evaluados o tienen duplicidades, la oposición y gremios educativos sostienen que la alimentación es un pilar intransable para la asistencia escolar. El debate ha escalado a una crítica sobre las prioridades del Ejecutivo en su plan de austeridad fiscal.