Que pasó
En los últimos días, la Tesorería General de la República (TGR) puso en marcha un plan de cobranza judicial mucho más severo que en años anteriores para recuperar fondos fiscales. La ofensiva comenzó con el embargo de propiedades en regiones como Antofagasta y escaló rápidamente a medidas bancarias.
Numerosos usuarios han denunciado que, sin previo aviso, sus cuentas bancarias fueron vaciadas por completo por orden de la Tesorería. Los afectados acusan que no se respetaron montos mínimos de subsistencia y que la medida ha sido desproporcionada, afectando incluso a personas que intentaron repactar sus deudas en el pasado.
El debate
La disputa se centra en la legitimidad y la forma de estas cobranzas. Mientras el Gobierno defiende la medida como una obligación legal para resguardar el patrimonio del Estado y financiar otros programas, los grupos de deudores y algunos parlamentarios critican que se castigue con tal dureza a profesionales jóvenes en un contexto de estancamiento económico.
El debate también toca la arista política, ya que esta ofensiva coincide con anuncios de Hacienda para cobrar deudas a beneficiarios de Becas Chile que no retornaron al país, marcando un cambio de tono hacia una fiscalización mucho más estricta del gasto en educación.