Que pasó
Tras su primera Cuenta Pública, el Ejecutivo puso el acelerador en la agenda de seguridad fronteriza. El plan contempla dos ejes principales: el primero busca permitir que el Estado retenga a migrantes irregulares por un período de hasta 180 días mientras se tramita su expulsión, superando con creces los plazos actuales.
El segundo punto, y quizás el más polémico, es una propuesta para que esta retención pueda ejecutarse administrativamente, es decir, sin necesidad de una orden de un juez. El Presidente Kast reafirmó estas medidas desde la frontera norte en Arica, señalando que el objetivo es asegurar que las órdenes de expulsión efectivamente se cumplan y no se pierda el rastro de los notificados.
El debate
El debate está encendido por las implicancias en derechos humanos y facultades judiciales. Los críticos sostienen que permitir retenciones de hasta seis meses sin control de un tribunal vulnera garantías constitucionales básicas y tratados internacionales. Además, advierten que el sistema logístico de expulsiones no necesariamente mejorará solo por tener a las personas retenidas por más tiempo.
Desde el Gobierno defienden que la crisis migratoria exige medidas extraordinarias y que la actual normativa es ‘ingenua’, pues permite que los migrantes con orden de expulsión desaparezcan antes de que el trámite se complete. La discusión en el Congreso se anticipa compleja, especialmente por el quiebre que genera en sectores que consideran estas medidas como una expansión excesiva del poder estatal.