Que pasó
Tras finalizar el levantamiento del Censo 2024, la Contraloría General de la República emitió un informe lapidario sobre los filtros de contratación. El organismo detectó que cientos de censistas que recorrieron los hogares del país tenían antecedentes penales por delitos como robo, hurto e incluso condenas graves, lo que vulneró los protocolos de seguridad establecidos para el proceso.
Además de los antecedentes delictuales, se confirmó la presencia de ciudadanos extranjeros trabajando en el proceso que contaban con órdenes de expulsión del país vigentes. La gravedad de estas omisiones en el reclutamiento masivo ha provocado que parlamentarios impulsen una acusación constitucional contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, bajo cuya gestión se diseñó y ejecutó el operativo nacional.
El debate
La polémica gira en torno a la seguridad de la población y la eficiencia del Estado. Mientras la oposición acusa una negligencia inexcusable que puso en riesgo a las familias chilenas al abrir sus puertas a personas con antecedentes, desde los sectores que defendieron el proceso se argumenta que en reclutamientos de tal magnitud pueden ocurrir fallas sistémicas, aunque reconocen que los cruces de información con las policías fallaron críticamente.