Que pasó
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentó ante el Senado su estrategia operativa para enfrentar la delincuencia, tras un inicio de gestión marcado por dudas sobre la continuidad de las políticas anteriores. El plan se apoya en un paquete legislativo de 20 medidas urgentes, donde destacan la creación de cárceles de alta seguridad sin derecho a visitas físicas y un aumento en las facultades operativas de las policías.
Uno de los pilares más polémicos es el proyecto de ley ‘Rol Único de Vándalos’. Esta iniciativa busca crear un registro nacional para identificar a quienes cometan incivilidades o daños en espacios públicos, aplicando sanciones que van desde multas hasta la pérdida de beneficios sociales otorgados por el Estado. En paralelo, el ministro realizó una profunda reestructuración en su equipo, removiendo a subsecretarios clave para instalar perfiles de su confianza.
El debate
El debate se divide entre quienes aplauden el ‘enfoque de mano dura’ para recuperar el orden público y quienes critican la efectividad de quitar ayudas sociales como castigo. Sectores de la oposición y organismos de derechos humanos han cuestionado la legalidad de restringir visitas en cárceles y la posible estigmatización que generaría el registro de vándalos. Además, el cambio total de subsecretarios generó un quiebre interno en el oficialismo, donde algunos sectores resienten la pérdida de espacios de poder frente a la línea más dura del ministerio.